La “legalidad” militar como fetiche sionista en Gaza

El aparato propagandístico del sionismo ha perfeccionado el arte de vestir la barbarie con el traje de la legalidad. Nos repiten hasta el cansancio que los niños palestinos son juzgados por tribunales militares porque así lo “establece el derecho internacional para territorios ocupados”. Reducen el genocidio a una cuestión técnica, un mero procedimiento burocrático, como si la ley flotara en el aire sin dueño, como si no respondiera a intereses materiales concretos.

Pero el materialismo histórico no se traga ese cuento. La pregunta no es “¿qué dice la ley?”, sino ¿a quién sirve esta ley y qué intereses materiales protege?

La base material del “derecho” militar

La ocupación no es un conflicto religioso ni un choque de civilizaciones. Es, en su esencia más cruda, un proyecto de colonización y expansión capitalista. La base material de este sistema es el despojo sistemático: el robo de la tierra para expandir asentamientos, el control del agua que convierte al palestino en rehén de su propia sed, la fragmentación territorial que destroza cualquier posibilidad de soberanía económica. Cada metro cuadrado arrebatado no es un capricho ideológico; es una operación inmobiliaria que sube el valor de las acciones de los fondos de inversión sionistas. Cada niño encarcelado es un eslabón más en la cadena que garantiza que la maquinaria del despojo funcione sin tropiezos.

La ley militar no es la causa de la opresión. Es el instrumento superestructural diseñado para blindarla.

Dos leyes para dos pueblos: la contradicción en carne viva

He aquí el corazón de la podredumbre: en el mismo territorio conviven dos sistemas jurídicos. Para el colono israelí, el derecho civil con todas sus garantías burguesas: abogado, juicio justo, presunción de inocencia. Para el nativo palestino —incluidos sus niños—, el derecho militar: sumario, expeditivo y sin garantías.

Esta dualidad no es un “error” ni una “excepción”. Es la expresión jurídica de la contradicción principal: la del opresor contra el oprimido, la del colonialismo contra el pueblo que resiste.

Y los números no mienten. Cada año, entre 500 y 700 niños palestinos de entre 12 y 17 años son detenidos y procesados en los tribunales militares israelíes. A finales de 2025, el Servicio Penitenciario de Israel mantenía encarcelados a 351 menores palestinos. En los últimos 20 años, unos 10.000 niños palestinos han pasado por el sistema de detención militar israelí.

¿Y cuál es el “crimen” que merece tal ensañamiento? En su abrumadora mayoría, el delito es el lanzamiento de piedras. PUTAS PIEDRAS. El acto desesperado de un niño frente al tanque que derriba su escuela o la excavadora que arrasa su hogar. Por ese “delito”, un menor puede enfrentarse a penas de hasta 20 años de prisión.

VEINTE
PUTOS
AÑOS
Por una piedra. Compárese con las penas que recibe un colono israelí por delitos similares en tribunales civiles y entenderán por qué hablamos de apartheid.

El ritual de la humillación: confesiones en hebreo

Pero el circo legal no termina ahí. Para que el engranaje funcione, el niño debe confesar. Y aquí el sistema muestra su cinismo más brutal: los menores son interrogados sin abogado y sin sus padres presentes. Luego se les obliga a firmar declaraciones escritas en hebreo, un idioma que la gran mayoría no entiende.

Firman. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Un niño de 12 años, solo, sin asistencia legal, frente a oficiales armados que le dicen que si no firma no volverá a ver a su familia. Esa “confesión” será la prueba que lo condene.

Y vaya si los condenan. La tasa de condenas en estos tribunales militares alcanza el 96%. No es un sistema de justicia; es una cadena de montaje de presos.

Israel es el único país del mundo que procesa sistemáticamente a niños en tribunales militares. La singularidad de esta práctica debería helarle la sangre a cualquiera que aún crea en el “estado de derecho”.

Tortura y genocidio: la lógica interna del sistema

No caigamos en el humanismo abstracto que solo se escandaliza por las “violaciones” aisladas. La tortura sistemática, las ejecuciones extrajudiciales y el asesinato de niños dentro de este entramado legal no son excesos ni desbordes. Son la lógica interna del sistema.

La Comisión de Investigación de la ONU determinó en septiembre de 2025 que Israel ha cometido genocidio en Gaza. Un informe de la ONU de junio de 2026 acusó a las autoridades israelíes de haber “deliberadamente atacado a niños palestinos” cometiendo “genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”. El tribunal militar no es más que el brazo judicial del genocidio: diseñado para quebrar la voluntad colectiva del pueblo palestino y legitimar el terror de Estado bajo el ropaje de la “seguridad nacional”.

Porque un niño al que se arranca de su familia, se le niega todo derecho, se le tortura en un interrogatorio y se le encierra por años por haber lanzado una piedra, no es un “delincuente”. Es un testigo vivo de la ocupación al que se intenta silenciar. Y si el silencio no basta, se le ejecuta.

Desfetichizar la ley para transformar la realidad

El materialismo histórico nos enseña que la superestructura jurídica solo se derrumba cuando la base material que la sustenta es barrida por la praxis revolucionaria. Mientras exista la colonización, existirá esta “ley” perversa. No se trata de “reformar” los tribunales militares —como si un juez con mejor caligrafía pudiera impartir justicia en un sistema fundado en la injusticia— sino de liquidar la ocupación y el régimen de apartheid que les da vida.

El derecho burgués y colonial siempre pondrá esposas a los pies del esclavo que se rebela. La única justicia posible para Palestina no está en los códigos militares del opresor, sino en la lucha del pueblo por su liberación nacional.

La próxima vez que alguien hable de la “legalidad” de los tribunales militares israelíes, recuerden: esa legalidad es el disfraz del despojo. Esa ley es el arma del fuerte contra el débil. Y como toda arma del opresor, está destinada a ser quebrada por la mano del que se levanta.