La SCJN contra Chihuahua
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Chihuahua (con mayoría del PAN) incorporar la “injerencia extranjera” como causa de nulidad electoral, un supuesto que ya está en la Constitución federal desde junio de 2026. El fallo responde a una **acción de inconstitucionalidad promovida por Morena**.
El origen del conflicto es el “Caso CIA”: en abril de 2026, agentes vinculados a la Embajada de EE.UU. murieron en un operativo en Chihuahua, lo que destapó la **colaboración extraoficial de la CIA con el gobierno panista de María Eugenia Campos, quien fue acusada de “traición a la patria”. La Corte le ordena a Chihuahua alinearse con la federación, en un claro “castigo político” a la facción panista que se apoyó en el imperio.
🏛️ La Hipocresía Histórica: Lo que el Estado Ya Sabía
Esto no es nuevo. La CIA nunca se ha ido de México ni de América Latina. Documentos desclasificados confirman que “financia grupos de derecha” desde antes de los 70, pues la CIA lideró la llamada contrainsurgencia.
El Estado mexicano siempre ha sabido de la injerencia estadounidense. Si hoy la “descubre” y legisla contra ella, no es por un arrebato de soberanía, sino porque le conviene usar ese conocimiento para desestabilizar a un rival interno.
💰 El Análisis de Clase: La Pugna en el Seno de la Burguesía
La orden de la SCJN es un acto de disciplinamiento entre fracciones de la clase dominante. Morena, como facción que controla el aparato estatal federal, usa el poder judicial para golpear a una facción opositora (el PAN en Chihuahua) que cometió el error de aceptar trabajar con el imperio.
No es una lucha por la soberanía popular, sino por quién tiene el derecho de gestionar los intereses del capital. Morena no busca expulsar a la CIA, solo recordarle a sus rivales quién manda en el reparto, y con quién debe ser la movida. La reforma constitucional es un escudo para la facción en el poder de cara a 2027, no una garantía de que las elecciones serán limpias de toda injerencia, pues el capital transnacional seguirá operando por todos los medios, y esto lo podemos reafirmar con el Hondurasgate.
La “injerencia extranjera” en las elecciones es real, pero la respuesta del Estado es puro teatro de poder. El mismo Estado que hoy la condena, la toleró y la usó durante décadas cuando le convenía. La SCJN no defiende la soberanía popular, sino que administra la disputa entre burgueses.
Para la clase trabajadora, esto es una lección más: no hay soberanía real mientras no haya control popular del Estado y de los medios de producción. Mientras la clase dominante siga dividida, seguirá usando cualquier herramienta para desmovilizar y confundir al pueblo, que es el que siempre paga el precio de sus pugnas.
