¿Qué está pasando con el aguacate en Michoacán?
¿Qué está pasando con el aguacate en Michoacán?
La crisis del aguacate en Michoacán no puede explicarse simplemente con la fórmula de la oferta y la demanda, como pretenden hacerlo el gobierno estatal y la APEAM (Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México).
Es cierto que la oferta de aguacate ha crecido considerablemente durante las últimas décadas. Michoacán ya no es el único protagonista de la producción y exportación: estados como Jalisco, Nayarit y Colima han ampliado su participación en el mercado. Sin embargo, hay una contradicción que el discurso oficial no explica: si el incremento de la oferta debería traducirse en precios más bajos para los consumidores, ¿por qué el aguacate sigue teniendo precios elevados tanto en Estados Unidos como en los mercados nacionales?
Mientras tanto, en las huertas michoacanas se paga alrededor de 15 pesos por kilo de aguacate de exportación. Los productores señalan que sus costos de producción oscilan entre 10 y 13 pesos por kilo, lo que deja un margen sumamente reducido, cuando no pérdidas, frente a los riesgos, inversiones y gastos que implica mantener una huerta.
Desde hace varias semanas, los pequeños productores han escalado sus protestas: suspensión del corte, movilizaciones y puntos de revisión en carreteras para verificar la procedencia y condición fitosanitaria de la fruta que llega de otros estados. Incluso se han detenido cargamentos provenientes de Nayarit en los que se habría encontrado gusano barrenador del hueso del aguacate, una plaga de interés cuarentenario que representa un riesgo para la producción y las exportaciones.
La respuesta de la APEAM y del gobierno ha sido presentar el problema como una consecuencia inevitable de las fuerzas del mercado. Pero aquí hay preguntas fundamentales: ¿quién controla la comercialización?, ¿quién determina los precios que reciben los productores?, ¿cómo se distribuyen las ganancias entre quienes cultivan, empacan, comercializan y exportan?
El problema no termina ahí. La expansión del negocio aguacatero también ha dejado una profunda crisis ambiental en la franja productora de Michoacán: cambio de uso de suelo, deforestación, presión sobre los recursos hídricos, degradación de ecosistemas y expansión de monocultivos. Una transformación territorial impulsada por la rentabilidad y la especulación alrededor del llamado oro verde.
Estamos ante un problema mucho más complejo que una simple fluctuación de precios. El aguacate se ha convertido en uno de los principales motores del capital regional, con intereses económicos, políticos y comerciales que atraviesan a buena parte de la sociedad michoacana. Sus beneficios no se distribuyen de manera equitativa, mientras que sus costos sociales y ambientales recaen sobre comunidades, trabajadores y pequeños productores.
La pregunta no es solamente cuánto aguacate se produce, sino quién se queda con el valor de esa producción y quién paga el costo de sostener este modelo.
No basta con invocar la oferta y la demanda para justificar que quienes trabajan la tierra reciban una parte cada vez menor de la riqueza que generan.