Regulación de celulares en las aulas: el debate que deja intacta la ve
rdadera crisis educativa.
Este lunes, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer una iniciativa para regular el uso de teléfonos celulares, así como herramientas de inteligencia artificial dentro de las escuelas mexicanas. El objetivo es establecer lineamientos para el uso “responsable” de estas tecnologías bajo el argumento de que su empleo excesivo afecta el aprendizaje, la concentración y la convivencia escolar.
Sin embargo, esta discusión corre el riesgo de quedarse en la superficie del problema.
Cabe mencionar que la crisis educativa no puede reducirse al uso de un dispositivo electrónico. El deterioro de la educación pública en el país se debe más a décadas de políticas austeras, escuelas con infraestructuras deficientes, grupos saturados y profundas desigualdades económicas que condicionan el aprendizaje de millones de estudiantes.
El teléfono celular no es el origen de estas problemáticas y contradicciones, sino una herramienta cuyo impacto depende puramente del contexto social en que se utiliza. Mientras que la minoría de los estudiantes cuentan con computadoras, internet estable y acceso a plataformas de inteligencia artificial para fortalecer su aprendizaje, otros difícilmente cuentan con algún dispositivo en casa o simple conectividad a internet, en otras palabras: La llamada “brecha digital” que no es más que otra expresión de la desigualdad de clase.
Tampoco debería analizarse únicamente como una amenaza a la Inteligencia Artificial. Bajo el capitalismo, estas tecnologías se orientan frecuentemente a reducir costos laborales, concentrar información en manos de grandes corporaciones tecnológicas y convertir los datos de millones de usuarios en mercancía. En este sentido, la IA no es el problema o la ‘amenaza’ en sí, sino quién controla su desarrollo, con que fines y quienes se benefician de ello.
Regular el uso de dispositivos celulares si podría contribuir a mejorar la dinámica dentro de las aulas, pero muy difícilmente resolverá los problemas estructurales del sistema educativo. Sin una inversión y atención suficientes en la educación pública y sin acceso universal y equitativo a tecnologías de calidad, cualquier regulación terminará siendo solo una medida administrativa frente a una crisis mucho más profunda.
El debate aquí es, cómo democratizar el acceso al conocimiento y poner los avances científicos y tecnológicos al servicio de la mayoría de la población, y no únicamente de los intereses del mercado.
