Guerrero: terror aéreo y abandono estatal como método de dominación te
Guerrero: terror aéreo y abandono estatal como método de dominación territorial
El pasado miércoles 8 de julio, la comunidad del ejido Los Guajes de Ayala, en la Sierra de Guerrero, fue objeto de un ataque con drones armados con explosivos y disparos de armas de fuego atribuidos a grupos de la delincuencia organizada. Los habitantes, en su mayoría campesinos y ejidatarios, se resguardaron en el centro de salud de la localidad mientras mujeres, niños y ancianos denunciaban en videos que los artefactos caían cerca de la clínica y que sus esposos habían salido a defender el pueblo sin apoyo gubernamental.
El comunicado emitido por las comunidades no es un simple grito de auxilio. Es un acto de denuncia política que evidencia la fractura material del Estado mexicano: por un lado, la Sedena hizo acto de presencia hasta que los videos circularon en redes sociales, lo que confirma que la reacción estatal no responde a la necesidad de proteger a la población civil, sino a la lógica de la visibilidad mediática y el control de daños. Por el otro, el uso de drones con explosivos indica que los grupos criminales han internalizado tecnología de guerra asimétrica, lo que transforma el conflicto en la sierra en un escenario de combate donde la población civil es el estrato más vulnerable.
Este hecho no puede leerse como una falla de seguridad pública, sino como una manifestación de la crisis orgánica del Estado capitalista periférico. En el modo de producción actual, el Estado mexicano ha delegado la soberanía efectiva en vastas zonas rurales a facciones del capital criminal que controlan rutas de extracción y tránsito de mercancías ilícitas. La violencia no es irracional; cumple una función económica: el despojo territorial y la expulsión de la población ejidal para facilitar el control de los corredores logísticos del narcotráfico y la minería ilegal.
El abandono de la Sierra de Guerrero no es un descuido administrativo, es una consecuencia estructural. La burguesía nacional y el Estado que la representan solo intervienen militarmente cuando el conflicto amenaza los centros neurálgicos del capital o la gobernabilidad macro. En la periferia, donde la fuerza de trabajo campesina no genera plusvalía en los términos de la industria formal, la vida humana se vuelve desechable y la protección se sustituye por la indiferencia. La comunidad lo expresa con claridad cuando señala que han pasado más de quince días sin respuesta, y el Ejército llega solo después de que la denuncia se vuelve pública.
La demanda de la comunidad —que cita la Constitución y los tratados internacionales— es un acto de conciencia de clase. Al apelar a los derechos humanos formales, exponen la contradicción entre el discurso jurídico del Estado y su incapacidad material para garantizar esos derechos. No piden privilegios, exigen el cumplimiento de una obligación que el Estado burgués solo reconoce en el papel.
Desde Núcleo denunciamos que la pasividad del gobierno federal y estatal frente a estos ataques sistemáticos constituye una complicidad tácita con el despojo y el terror. La vida de los campesinos de Guerrero no puede quedar subordinada a los intereses del capital criminal ni a los cálculos electorales o de imagen del Estado. Exigimos la intervención inmediata para salvaguardar a la población civil, el acceso a alimentos y atención médica, y que se investigue y sancione a los responsables materiales e intelectuales de esta guerra contra el pueblo.
La solidaridad con la Sierra de Guerrero no es un acto de caridad, es un deber de clase. Mientras el Estado abandone a los suyos, la organización popular y la denuncia colectiva seguirán siendo las únicas herramientas con las que cuentan los pueblos para resistir. Que su voz llegue antes que el silencio, y que nuestra difusión sea un eslabón en la cadena de su lucha por la vida y el territorio.
