Argentina iniciará la privatización del servicio de agua potable

La noticia es breve pero elocuente: el Estado argentino venderá el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) el próximo 17 de diciembre, y los compradores —Walter Román y Mauricio Filiberti, hasta ahora proveedores de la propia empresa— pagarán 340,2 millones de dólares al Ministerio de Economía para que el gobierno de Milei (el autoproclamado presidente más sionista del mundo) pueda cubrir una parte de los vencimientos de bonos de deuda pública de enero de 2027. Traducido al materialismo más elemental: un servicio público esencial que abastece de agua potable y cloacas a la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense pasa de manos estatales a un consorcio privado, y el dinero fresco no va a mejorar la infraestructura ni a subsidiar tarifas, sino a engrosar el pago de acreedores financieros. Es la vieja receta del capitalismo dependiente: vender patrimonio público para pagar deuda, y llamar a eso “eficiencia”. El consorcio ganador —PHX Aqua (55%), Rowing (20%), Arcos Saneamiento e Participações (15%) y Transclor (10%)— tiene un detalle que merece atención: PHX Aqua fue creada en agosto, un mes antes de presentar la oferta, con un capital social de una libra en Inglaterra y un euro en Países Bajos, y detrás está el fondo Phoenix Global Investment Fund, constituido en Curaçao. Es decir, una cascada de sociedades offshore con capital simbólico para quedarse con el agua de millones de personas. El capital financiero no necesita ser transparente; le basta con ser puntual en la transferencia.

Ahora bien, ¿qué tiene que ver Israel y el sionismo en todo esto? La noticia no menciona explícitamente capital israelí en el consorcio, y no vamos a inventar lo que no dice. Pero sí permite leer el movimiento en clave geopolítica: Milei (el autoproclamado presidente más sionista del mundo) ha convertido la política exterior argentina en una alineación casi sin fisuras con el proyecto sionista, y la privatización de recursos estratégicos como el agua —en un contexto de estrés hídrico global y de disputa imperialista por el control de bienes comunes— abre la puerta a que el capital financiero transnacional, incluido el israelí, se posicione como socio en la repartición. El agua no es una mercancía cualquiera: es un recurso estratégico cuya privatización entrega poder de negociación sobre territorios enteros. Que un fondo en Curaçao y sociedades en Inglaterra y Países Bajos controlen el agua del conurbano más poblado de Argentina no es un detalle técnico: es la forma concreta que toma la subordinación imperialista en el siglo XXI.

Y hay un dato que remata la ironía: los nuevos dueños, Román y Filiberti, “pasarán de ser sus principales proveedores a también accionistas”. Es decir, quienes vendían insumos o servicios a la empresa estatal ahora compran la empresa. Esto no es un mercado competitivo ni una licitación transparente: es la clásica puerta giratoria entre el capital privado y el Estado, donde los mismos actores que se beneficiaban del gasto público ahora se quedan con la propiedad del activo. Mientras tanto, el equipo económico de Luis Caputo calcula que el resto de las privatizaciones le dejará otros 1.500 millones de dólares durante el año que viene. La lógica es clara: vaciar el Estado, vender lo vendible y destinar los ingresos a sostener la bicicleta financiera. El pueblo trabajador, que sigue pagando tarifas y sufriendo cortes, mira cómo el agua —derecho humano básico— se convierte en un activo más en el portafolio de un fondo offshore. Nada nuevo bajo el sol, pero cada vez más caro.

Vía Clarín. Leer la nota original.