La cifra negra del trabajo: donde el derecho llega cuando ya no hay empleo

I

Hay una escena que se repite cada año en México con la puntualidad de un ritual: el INEGI suelta sus números sobre justicia laboral, los medios las replican con titulares optimistas, y en la maquinaria de la conciliación prejudicial se apuntan 484,827 convenios de trabajo derivados de 451,970 expedientes que, se nos dice, resolvieron sus diferencias antes de llegar a juicio. El dato oficial es que 83.4 % de las desavenencias laborales locales se resuelven por esta vía“sin necesidad de litigar”. Hasta ahí, la historia suena a éxito rotundo: la reforma laboral funcionó, los trabajadores acceden a justicia pronta, el sistema es eficiente. Pero como toda mercancía bien empaquetada, el envoltorio esconde lo que la estadística no dice.

Si uno se mete al desglose de esos convenios, el asunto se pone menos épico. El 46 % de los acuerdos fueron “retiro voluntario”, y otro 35.5 % indemnización. Traducción libre: casi la mitad de los trabajadores que “ganaron” en conciliación en realidad firmaron su salida. El “retiro voluntario” tiene la misma dosis de voluntad que pagar impuestos: uno lo hace porque la alternativa es peor. Y la indemnización, cuando existe, suele ser una fracción de lo que marcaría la ley si el asunto llegara a un laudo firme. La conciliación, en muchos casos, no es el triunfo del derecho: es el abaratamiento del despido. El trabajador obtiene algo —lo mínimo para no morirse de hambre— y el patrón se ahorra años de litigio, intereses y, sobre todo, la posibilidad de que un tribunal le diga que violó la ley. Todos “ganan”. Bueno, casi todos.

II

El problema de fondo no es que la conciliación exista. El problema es que opera sobre un terreno donde la mayoría de los conflictos ni siquiera llegan a formularse. En el segundo trimestre de 2025, 32.6 millones de personas —el 54.8 % de la población ocupada— estaban en la informalidad laboral. Es decir, más de la mitad del trabajo en México ocurre fuera del radar de las instituciones laborales. Ahí no hay conciliación prejudicial, no hay Junta, no hay tribunal, no hay “retiro voluntario” certificado. Hay lo que el materialismo histórico llamaría, sin anestesia, la supervivencia bajo la lógica del capital sin la mediación del derecho: el trabajador informal no “hace valer sus derechos” porque su relación laboral no está reconocida como tal. Es el ejército industrial de reserva en su forma más cruda: una masa de fuerza de trabajo disponible, disciplinada por la amenaza permanente de no tener nada, y por lo tanto estructuralmente incapaz de litigar contra quien le da de comer (o le deja de dar).

Los 32.6 millones de informales no son “la cifra negra” de la justicia laboral: son la cifra estructural que hace posible que la cifra negra exista. Sin informalidad masiva, la conciliación tendría otro rostro. Con informalidad masiva, el derecho laboral se convierte en un privilegio de minorías formales, y la “justicia pronta y expedita” en un lujo que muy pocos pueden pagar en tiempo, dinero y riesgo.

III

Y para quienes sí están en el sector formal y deciden pelear, el panorama tampoco es un jardín. La reforma de 2019 prometió enterrar el viejo modelo de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ese que arrastraba saturación, coyotaje, lentitud procesal, corrupción y control por grupos de interés. La promesa era sustituir el purgatorio burocrático por tribunales ágiles e imparciales. Pero a diciembre de 2024, 748,444 juicios seguían activos en las Juntas Locales, y 312,553 en la Junta Federal. El calendario de resoluciones de juicios pendientes se extendía, literalmente, hasta 2026. La reforma cambió el letrero, pero el edificio sigue en pie. La justicia laboral mexicana es como el WiFi gratis del parque: todos saben que existe, pero nadie lo ha visto funcionar cuando de verdad se necesita.

La contradicción dialéctica es palpable: el capital necesita un sistema jurídico que parezca garantizar derechos para mantener la legitimidad de la relación salarial, pero no necesita que ese sistema funcione con la velocidad y contundencia que exigiría la tutela efectiva. Un derecho laboral que tarda años en resolverse no es un derecho: es una ficción superestructural que cumple la función de enfriar el conflicto, desgastar al trabajador y preservar la acumulación. La reforma de 2019 no transformó esa lógica; la maquilló.

IV

¿Y la cifra negra? No hay un número oficial único para los conflictos laborales no denunciados, y esa ausencia ya es un dato político: lo que no se mide, no existe. Pero los indicios son elocuentes. Cerca del 40 % de los trabajadores que sufren violencia laboral no reportan los incidentes, por temor a represalias, desconfianza o simple desconocimiento de los procedimientos. En el ámbito penal, la cifra negra general ronda el 93 %: nueve de cada diez delitos no se denuncian. Si el sistema de justicia ordinario inspira tan poca confianza, ¿por qué alguien iba a confiar en que una Junta o un Centro de Conciliación le va a resolver un despido injustificado o un adeudo de salarios?

La cifra negra laboral no es un misterio estadístico: es el resultado predecible de una ecuación donde el costo de denunciar (tiempo, dinero, riesgo de represalia, exposición a un sistema lento y a veces corrupto) supera casi siempre el beneficio esperado de hacerlo. El trabajador formal que pierde el empleo no calcula “voy a exigir mis derechos”; calcula “¿cuántos meses puedo aguantar sin ingreso mientras un expediente duerme en una Junta?”. La respuesta, para la mayoría, es: ninguno. Y entonces no denuncia. Y entonces la cifra negra crece. Y entonces el sistema puede seguir presumiendo sus 484,827 convenios “exitosos” mientras millones de conflictos se pudren en el silencio.

V

El materialismo dialéctico histórico no permite análisis ingenuos. La justicia laboral mexicana no es un fracaso por mala suerte, por funcionarios incompetentes o por falta de “voluntad política”. Es un aparato que funciona exactamente como el modo de producción le exige: lo suficientemente eficaz para procesar los conflictos que amenazan la estabilidad de las empresas grandes y los sectores estratégicos, y lo suficientemente ineficaz, costoso y disuasivo para que la mayoría de los trabajadores —formales e informales— internalice que pelear no vale la pena. La conciliación prejudicial no es el antídoto contra la cifra negra: es una de sus causas, en la medida en que convierte el derecho en un trámite de salida barata, y la ley en un fetiche: se venera en el discurso, se ignora en la práctica.

Mientras 32.6 millones de personas trabajen sin contrato, sin seguridad social y sin acceso real a las instituciones laborales, y mientras 748 mil expedientes locales y 312 mil federales sigan esperando resolución, la pregunta por la cifra negra no se responde con una encuesta. Se responde con una conclusión incómoda: el derecho laboral en México no está diseñado para que todos lo ejerzan, sino para que unos cuantos lo invoquen y la mayoría lo tema. La cifra negra no es lo que falta. Es lo que sobra.