El CJNG ataca con drones explosivos a la comunidad nahua de Ostula; el
Estado mantiene su complicidad silenciosa
La comunidad nahua de Santa María Ostula denunció que, durante la mañana de este miércoles, un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación lanzó artefactos explosivos mediante drones sobre viviendas de población civil. El ataque se produjo alrededor de las 7:30 horas y tuvo como objetivo directo la encargatura de la Cofradía, estructura tradicional de gobierno comunitario.
El bombardeo con drones constituye un salto cualitativo en la violencia paramilitar que desde hace años azota la región. No se trata de un hecho aislado: el pasado 21 de mayo, la misma encargatura fue blanco de un ataque armado, y dos días antes, el 19 de mayo, la Guardia Comunal repelió durante casi una hora una agresión directa del CJNG, obligando a los agresores a replegarse.
El patrón de agresiones se extiende a otras comunidades. En las últimas semanas se han registrado ataques contra las poblaciones purépechas de Acahuén y Santa María Sevina, así como contra las comunidades nahuas del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata en Chilapa. Los mismos grupos del crimen organizado, los mismos métodos, la misma respuesta estatal: omisión, dilación y complicidad de hecho.
La comunidad de Ostula ha dejado constancia de que tanto el gobierno federal como el estatal conocen con precisión la situación de violencia que se vive en la región. No se trata de desconocimiento, sino de una decisión política. Las autoridades se han negado a tomar medidas efectivas para proteger a la población civil, permitiendo la operación impune de una fuerza paramilitar que actúa como brazo armado de los intereses del gran capital en la zona: minería, control de rutas y despojo territorial.
En este vacío de soberanía popular, la Guardia Comunal de Ostula se ha consolidado como el único instrumento de defensa real con que cuenta la comunidad. La resistencia armada del pueblo organizado no es un síntoma de descomposición, sino la respuesta legítima de una clase desprotegida frente a la violencia del capital y de su Estado. Lo que el liberalismo llama “crimen organizado” funciona, en los hechos, como un ejército de ocupación que garantiza por la vía armada lo que las reformas neoliberales imponen por la vía jurídica.
La historia de Ostula es la de un territorio en disputa. Los más de cuarenta comuneros asesinados y los cinco desaparecidos son la prueba irrefutable de que la guerra no es contra el narcotráfico, sino contra los pueblos que se organizan para defender su tierra y su autonomía. Cada explosivo lanzado sobre una vivienda civil es un acto de terrorismo de clase, perpetrado con el consentimiento tácito de las instituciones burguesas.
Desde Núcleo exigimos el alto inmediato de las agresiones, la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos, el desmantelamiento real de las estructuras paramilitares y el respeto irrestricto a la autonomía comunal y a sus cuerpos de autodefensa. La solidaridad de clase no es una consigna: es una obligación revolucionaria.
