El derecho a la plaza: clase, espacio y represión en el Centro Históri

El derecho a la plaza: clase, espacio y represión en el Centro Histórico de Morelia

El 1 de octubre, el gobierno de Michoacán y el Ayuntamiento de Morelia desplegaron cerca de 300 elementos de la Policía Morelia y la Guardia Civil para impedir que el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) instalara su plantón anual en la Plaza Melchor Ocampo. El contingente fue contenido a la altura del monumento a Lázaro Cárdenas, sobre la Calzada La Huerta. El alcalde Alfonso Martínez Alcázar justificó el operativo invocando el Bando Municipal: “Es un Centro Histórico tan exitoso que hay una gran cantidad de grupos que buscan instalarse, el bando es para cuidar nuestra ciudad, para proteger al comercio formal”.

Detengámonos en esa frase. “Centro Histórico tan exitoso”. ¿Exitoso para quién?

I. El éxito de unos es el éxodo de otros

El Centro Histórico de Morelia pasó de 65 mil habitantes en el año 2000 a 18 mil 500 actualmente; cerca de 60 mil personas abandonaron la zona en dos décadas. Hay 180 inmuebles históricos abandonados, 45 en riesgo inminente de colapso. Los que se fueron no se fueron porque quisieran: el aumento en los costos de servicios, la expansión del comercio y la transformación de viviendas en establecimientos turísticos los expulsaron. El “éxito” del Centro Histórico se mide en llegadas de turistas, no en habitantes. A un cuarto de siglo del “rescate” de 2001, el balance es claro: el espacio fue reactivado para el comercio, el turismo y poco más.

Esto tiene un nombre en la teoría urbana crítica: acumulación por desposesión. David Harvey describe cómo el capital se apropia de espacios comunes para garantizar su reproducción, liberando activos a bajo o nulo costo y desplazando a las poblaciones que los habitaban. En Morelia, la desposesión no fue un accidente del mercado: fue una política pública. El Bando de 2001 que expulsó a los ambulantes del primer cuadro no fue una medida de “ordenamiento” neutral; fue la condición para convertir el Centro en un espacio de valor de cambio: hoteles, restaurantes, Airbnb. La gentrificación no es un fenómeno espontáneo: es una estrategia.

II. La hipocresía del espacio público “ordenado”

El argumento oficial es que el Bando prohíbe el comercio informal en el Centro Histórico. Cierto: el Bando de 2001 declaró zona restringida para toda actividad comercial en la vía pública. Lo que el argumento oficial omite es que ese mismo Bando exime explícitamente a los establecimientos con licencia vigente que solicitan un Permiso Temporal para colocar mesas, sillas, sombrillas y aparatos de sonido en la vía pública. Actualmente hay cerca de 70 negocios en Morelia —principalmente en los Portales sobre avenida Madero, Acueducto y Jardín de las Rosas— que ocupan la vía pública con mesas y sillas, y el municipio no solo lo tolera: les exige renovar su permiso y pagar derechos.

Ahí está la contradicción. La vía pública sí puede ocuparse, siempre que quien la ocupe tenga licencia de funcionamiento, pague derechos y coloque “mesas bonitas” que le den al Centro ese aire europeo que tanto se celebra. La ocupación por un puesto ambulante o por un plantón político está prohibida; la ocupación por un restaurante con permiso temporal está regulada y promovida. La diferencia no es legal: es de clase. El permiso temporal solo se otorga a quien ya pasó el filtro de capital: tener licencia vigente, operar “de manera regular”, poder pagar derechos. El bando no prohíbe ocupar el espacio público: prohíbe ocuparlo sin capital.

Henri Lefebvre lo formuló con precisión: el derecho a la ciudad no es el derecho a circular por ella, sino el derecho a apropiarse de ella, a usarla, a rehacerla. El espacio urbano no es un contenedor neutral donde ocurren cosas: es una producción social, y como toda producción social bajo el capitalismo, está atravesada por la lucha de clases. Cuando el municipio blinda la Plaza Melchor Ocampo con 300 policías, no está protegiendo un espacio neutral: está protegiendo un espacio de valor de cambio contra un uso de valor de uso. Está defendiendo la plusvalía del Centro Histórico contra quienes lo usan para la denuncia política y la subsistencia.

III. La ley como instrumento, no como árbitro

El gobierno dirá: “La ley es la ley”. Pero la ley no es un árbitro neutral por encima de las clases: es un instrumento de clase. El Bando de 2001 se diseñó para “conservar el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad”, es decir, para proteger el valor turístico e inmobiliario del Centro, no para beneficiar a la clase trabajadora moreliana. Aplicar ese bando con 300 policías contra un plantón pacífico, mientras se toleran las mesas de los portales, no es “hacer cumplir la ley”: es selectividad clasista disfrazada de legalidad.

El sector empresarial respaldó el operativo, pero incluso ese sector reconoció que el despliegue genera “afectaciones temporales para la movilidad, la actividad comercial y la vida cotidiana”. Quien afecta la movilidad no es el plantón: es el operativo. Quien militariza el Centro no son los manifestantes: es el Estado.

IV. Puedes o no estar de acuerdo con el FNLS, Pero su demanda es legítima

No compartimos todas las tácticas del FNLS. No somos sus voceros ni militamos en sus filas. Pero la legitimidad de la demanda de fondo no depende de que “nos guste” (aunque no se trata de gustos lo manejamos así para fines ilustrativos) la organización: depende de que el derecho a usar el espacio público es un derecho de la clase trabajadora, no un privilegio de quien puede pagar un permiso temporal. Y si nosotros, como clase renunciamos a eso, y encima reclamamos a una organización que si busca ejercer ese derecho, pues hay que tomarse unas mentitas para quitarnos el olor a bota de burgués de la boca.

El FNLS lleva más de dos décadas realizando su plantón anual en la Plaza Melchor Ocampo. No es solo un tianguis: es una tribuna política. Durante su permanencia realizan exposición de artesanías, presentaciones de libros, foros, conferencias, talleres artísticos, proyección de documentales. Sus demandas son concretas: libertad para presos políticos, presentación con vida de desaparecidos, justicia para comunidades indígenas y campesinas, cese a la persecución política. No son “invasores”: son ciudadanos ejerciendo un derecho constitucional.

El problema no es que el FNLS ocupe la plaza. El problema es que la plaza fue diseñada —literalmente, a través del Bando de 2001— para excluir a quienes no tienen capital. El Centro Histórico “blanqueado” no es de los morelianos: es de la burguesía moreliana y de los turistas. A la clase obrera moreliana no le beneficia un Centro Histórico con mesas de restaurante y Airbnb: le beneficia un espacio que pueda usarse para la difusión cultural, el comercio accesible y la organización política.

V. Conclusión: ¿de quién es la ciudad?

No se trata de un plantón. Se trata de quién tiene derecho a la ciudad. En Morelia, como en todo México, ese derecho sigue siendo un privilegio de clase. El operativo de 300 policías no defiende el “orden”: defiende un orden específico, el orden de la plusvalía, el orden de la gentrificación, el orden que expulsó a 60 mil personas del Centro para que unos cuantos puedan cenar en mesas con vista al aire europeo.

Defendemos que el espacio público debe ser no solo inclusivo, sino que debe tener una perspectiva de clase en su uso, disfrute y beneficio. Que la plaza sea de quienes la habitan, no de quienes la rentabilizan. Que el Centro Histórico sea de la clase trabajadora moreliana, no de la burguesía que lo blanquea. Que la ley sirva para liberar el espacio, no para blindarlo contra el pueblo.

No es indispensable coincidir en todo con el FNLS, Pero coincidimos con entre otras muchas cosas con su derecho a la plaza. Y ese derecho no se negocia con operativos policiales.