La austeridad presente y futura: los límites fiscales del desarrollo en México | Artículo de Mario Luis Fuentes

El Paquete Económico 2027 que presentó Hacienda no es un misterio ni un accidente: es la radiografía de un Estado que quiere hacer mucho con poco, y que además debe pagar las cuentas viejas antes de sentarse a la mesa. El gasto neto total propuesto asciende a 10.64 billones de pesos, un incremento real frente a 2026, pero el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria estima que cerca del 80% de esos recursos ya está comprometido y que el espacio fiscal disponible equivale apenas al 1.6% del PIB. Traducido al lenguaje de la calle: el gobierno tiene las manos casi amarradas antes de empezar a gobernar, porque la mayor parte del presupuesto se va en compromisos acumulados y no en proyectos nuevos. Y no es que sobre dinero para presumir: el costo financiero de la deuda rondaría el 4% del PIB, mientras que pensiones e intereses juntos representarían alrededor de 3.9 billones de pesos, frente a los 1.1 billones propuestos para inversión pública. Es decir, se paga más por lo que ya se debe y por sostener a los jubilados que por construir lo que el país necesita para crecer.

Aquí conviene aplicar el materialismo histórico sin adornos: la estructura tributaria mexicana sigue siendo insuficiente frente a las necesidades de desarrollo, y eso no es un dato menor sino la clave del asunto. Hacienda estima que los ingresos tributarios alcanzarán el 15.9% del PIB en 2027, proporción históricamente elevada para el país, pero todavía muy lejos de lo que exige un Estado social robusto. Es como presumir de tener el tanque más lleno del barrio cuando el barrio entero anda en bicicleta. La decisión de no crear nuevos impuestos ni ampliar la base tributaria —que el texto de Fuentes deja entrever como límite de la propuesta— no es neutral: beneficia a los sectores de mayor capacidad contributiva y traslada el costo del ajuste a la inversión pública, es decir, al futuro de las mayorías. En términos dialécticos, la aparente prudencia fiscal se convierte en su contrario: reproduce las condiciones que originan la propia estrechez fiscal, porque sin inversión en infraestructura, educación, salud, innovación y desarrollo tecnológico, el crecimiento se estanca y la recaudación futura se ahoga.

La contradicción de fondo es de economía política pura: mientras las necesidades sociales, las exigencias de infraestructura y los desafíos productivos demandan una ampliación sostenida de las capacidades públicas, el Estado dispone de un margen fiscal cada vez más estrecho para intervenir sobre las condiciones que obstaculizan el desarrollo. Un Estado puede reducir determinados desequilibrios y, simultáneamente, debilitar las condiciones que hacen posible el crecimiento futuro; ese es el riesgo cuando la consolidación fiscal restringe la inversión. Y en un contexto de bajo crecimiento económico, como advierte Fuentes, se puede perpetuar un círculo que compromete las posibilidades de desarrollo del país. No hace falta ser economista de la UNAM para verlo: si el espacio fiscal es del 1.6% del PIB y las obligaciones se comen el 80% del gasto, cualquier proyecto nacional que combine crecimiento, redistribución y derechos sociales efectivos queda atado a una cuerda muy corta.

El asunto no es solo técnico, es de relaciones de clase. La austeridad presente y futura no es un destino natural sino una decisión política: se elige no tocar la estructura tributaria, se elige priorizar el pago de intereses y pensiones sobre la formación de capital público, se elige mantener un Estado con capacidades limitadas frente a un capital que no necesita de él para reproducirse. Mientras tanto, las pensiones y los intereses se llevan 3.9 billones y la inversión pública apenas 1.1 billones: la balanza está inclinada, y no precisamente hacia el desarrollo. El discurso oficial dirá que se está siendo responsable con las finanzas; la realidad es que se está siendo responsable con los acreedores y con los compromisos heredados, no con las necesidades sociales que exigen una ampliación sostenida de las capacidades públicas. La sostenibilidad de las finanzas públicas importa, claro, pero también importa la viabilidad de un proyecto nacional capaz de combinar crecimiento económico, redistribución del ingreso y garantía efectiva de los derechos sociales. Y con un espacio fiscal del 1.6% del PIB, ese proyecto no se sostiene con buenas intenciones ni con conferencias mañaneras: se sostiene con ingresos, y los ingresos no caen del cielo ni de la austeridad.

Vía Aristegui Noticias. Leer la nota original.