Transportistas en Chile van a huelga; exigen bajar precios de combustibles
La huelga de transportistas de carga en Chile, con bloqueo de carreteras y accesos portuarios, no es un berrinche gremial ni una simple demanda corporativa: es la expresión concreta de una contradicción económica que el capitalismo dependiente no puede resolver sin tocar sus cimientos. El dato es contundente: el diésel subió casi 70 por ciento en lo que va del año y promedia 1.60 dólares por litro. Traducido a economía política, esto significa que el costo de reproducción de la fuerza de trabajo del transportista —y de toda la cadena logística— se disparó por decisiones que se toman fuera de Chile, en los centros imperialistas que fijan el precio internacional del crudo y en la política fiscal local que traslada ese golpe al consumidor final. El transportista chileno, pequeño propietario de su camión, es a la vez patrón y trabajador: explota su propia fuerza de trabajo y compite despiadadamente contra otros pequeños capitales, mientras los grandes operadores logísticos y las transnacionales energéticas absorben el excedente. Ahí está la trampa: se le llama “emprendedor” para no decirle proletario con camión propio.
El paro, además, revela la fragilidad estructural de un modelo exportador primario. Chile no produce petróleo; importa prácticamente todo el diésel que consume, y lo paga en dólares que debe generar vendiendo cobre, litio, fruta y salmón. Cuando el precio del crudo sube y el dólar se fortalece, el pequeño transportista queda atrapado entre dos fuegos: sus ingresos en pesos y sus costos indexados al mercado mundial. Bloquear puertos es, entonces, un acto desesperado que golpea precisamente al eslabón más débil de la cadena: el comercio exterior del que todos dependen. Es como si un obrero rompiera la máquina que lo explota, solo que aquí la máquina es un camión y el patrón es el precio internacional del barril. Mientras tanto, las grandes mineras y las exportadoras seguirán operando con sus propias flotas y contratos en dólares, mirando el bloqueo desde la barrera con la serenidad de quien no paga el diésel a precio de minorista.
La huelga también expone las relaciones de clase dentro del propio gremio. Los transportistas no son un bloque homogéneo: conviven el dueño de un solo camión, endeudado con el banco, y el pequeño empresario con flota mediana que aspira a convertirse en contratista de una transnacional. Esa heterogeneidad explica por qué los paros de camioneros en América Latina oscilan entre la protesta anti-neoliberal y el coqueteo con discursos reaccionarios. Sin una dirección política clasista, el descontento contra el precio del diésel puede ser capitalizado por la derecha o diluirse en un pliego de demandas que no cuestiona el fondo: la dependencia energética, el libre mercado de combustibles y la subordinación del país a los precios imperialistas. La demanda inmediata —bajar el diésel— es justa, pero insuficiente. Sin control estatal sobre la importación y distribución de combustibles, sin ruptura con la lógica exportadora primaria, cualquier rebaja será temporal y financiada con otro ajuste fiscal que pagarán los de abajo.
Finalmente, el gobierno chileno queda en una posición incómoda: si reprime el bloqueo, se enfrenta a un sector que lo apoyó en su momento; si cede y subsidia el diésel, transfiere recursos públicos a un gremio de pequeños capitales mientras los salarios siguen estancados. Es el clásico dilema burgués: administrar la crisis sin resolverla. La huelga de transportistas no es la revolución, pero es un síntoma. Muestra que la economía chilena, tan aplaudida como modelo neoliberal, se sostiene sobre cadenas logísticas que se rompen cuando el precio del petróleo aprieta. Y mientras los camiones bloquean puertos, los grandes capitales siguen facturando. Qué curioso: el país que exporta cobre para el mundo entero no puede garantizar diésel barato a quienes mueven ese cobre. El socialismo del siglo XXI no se construye con bloqueos, pero tampoco con la ilusión de que el mercado internacional nos va a tratar bien.
Vía La Jornada. Leer la nota original.
