La reciente declaración del fiscal federal para el Distrito Sur de Nue
La reciente declaración del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, solicitando la extradición del gobernador de Sonora, Rubén Rocha Moya, junto con otros funcionarios de la entidad como Enrique Inzunza (el alcalde de Culiacán), levanta más dudas que certezas.
Hasta el momento, no se han presentado pruebas públicas que respalden una acusación de ese nivel. Aun así, el señalamiento ya circula con fuerza en medios y redes. Y no aparece en el vacío: llega justo después del escándalo en torno a la presencia y actuación de agentes de la CIA en territorio mexicano.
El contexto importa. Porque mientras desde Estados Unidos se insiste en vincular a actores políticos mexicanos con el narcotráfico, el propio gobierno estadounidense ha sido señalado durante años por permitir el tráfico de armas hacia México, fortaleciendo directamente a los cárteles.
Dejémoslo claro: no estamos defendiendo a ningún funcionario. Si los imputados han cometido delitos, deben investigarse y castigarse, sin excepciones.
Pero tampoco se puede ignorar el momento político. Este tipo de acusaciones, sin pruebas visibles, no son neutrales.
Los gobiernos de Morena (específicamente los federales), con todas sus contradicciones, han complicado en cierta medida la intervención directa de Washington en el país. No la han detenido, pero sí han puesto ciertos límites.
Por eso, estos movimientos deben leerse con cuidado. Señalamientos mediáticos, presión internacional y discursos de “seguridad” no son nuevos: históricamente han servido como antesala para justificar mayor injerencia.
Ahora el llamado no es a creer ciegamente ni en el gobernador de Sinaloa, ni en la injerencia norteamericana. Sabemos que existen vínculos con el narco, los culpables tienen que ser castigados y al imperio se le ha de detener cueste lo que cueste.
Aquí no se trata de un solo gobernador.
Se trata del tablero completo.
Y en ese tablero, Estados Unidos rara vez juega sin estrategia.
